Tecnologia arcaica de chequeo de nombres del FBI ocasiona retrasos en el Proceso de Inmigración

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En los últimos años, las solicitudes hechas al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos ( "USCIS") para obtener beneficios de inmigración han tomado cada vez más tiempo para ser procesadas. Parte de esto se debe a la naturaleza general de la burocracia del Gobierno Federal, donde es casi imposible para los gestionarios supervisar a los subordinados responsables de sus acciones, o en el product del trabajo. Dado que el Gobierno Federal es el único proveedor monopólico de beneficios de inmigración, los principios generales de la economía no se aplican, por lo que no hay incentivo para que estos organismos presten un servicio más eficiente.

Por ejemplo, cuando la tramitación de las solicitudes es procesada, USCIS pide una revisión de antecedentes penales del FBI antes de que sean capaces de terminar el procesamiento. El control de huellas dactilares del FBI en realidad son relativamente eficaces, ya que utilizan avanzada tecnología y empleados bien capacitados. En cambio, el proceso de chequeo de nombres se ve obstaculizado, y prácticamente detenido, por la falta de empleados bien capacitados y tecnología de la guerra fría. Esto da lugar a la adición de larga duración, a los ya largos tiempos de tramitación, así como la difusión de información inexacta o inadecuada.

Una conclusión por el Inspector General del Departamento de Justicia, General Glenn Fine, indica que el FBI no ha elevado las tasas de chequeo de nombres durante 17 años, lo cual ha dado lugar a la utilización de esta tecnología anticuada. El FBI ha declarado que, incluso con esta tecnología, el retraso de USCIS han sido el resultado de la solicitud de USCIS estimando que el chequeo de nombres del FBI volvería a cerca de 3 millones de solicitantes después de los ataques del 11 de septiembre.

Si el FBI o el USCIS es la parte más responsable de los retrasos, es evidente que hay que hacer algo para acelerar estas solicitudes. Una solución sería que el Secretario de Seguridad mediante el sistema judicial dé un mandato en el plazo de tramitación administrativa de las solicitudes de inmigración, en particular, las solicitudes de ciudadanía, residencia o empleo. Aunque la solución definitiva puede ser la de instituir una política de rendición de cuentas de los empleados del gobierno federal de los más altos niveles, la necesidad de reducir el retraso y acelerar los tiempos de procesamiento pueden ser mejor servidos por el establecimiento de un plazo inmediato, al tiempo que mantiene la esperanza de que el futuro rendimiento de la mejora de las políticas y procedimientos para garantizar los derechos de un grupo que históricamente ha sido desprotegido por la ley de nuestra nación: los inmigrantes.

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